La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia

¿Estás de acuerdo con esta frase? La utilizan los magistrados en una sentencia dictada ayer. Supongo que la mayoría responderá afirmativamente. Sin embargo, cuando se aterriza, cuando se deja de abordar un tema desde el concepto en sí mismo y se aplica a un hecho real, aparecen las desavenencias. Quizás el problema esté en la falta de coherencia que la mayoría tenemos en nuestra vida. Las frases grandilocuentes suenan muy bien, pero cuando su aplicación práctica supone un perjuicio para ti, enseguida empiezan las objeciones.

Vamos a ir aterrizando: un sospechoso de cometer varios asesinatos está detenido en comisaría, pero no hay suficientes pruebas contra él. Si lo torturas es posible que diga dónde tiene enterradas a las víctimas y así obtener pruebas fehacientes de su culpabilidad. ¿Estaría justificada la tortura?. Ante esta disyuntiva, el porcentaje de personas que responden aceptando la tortura en ese momento sería superior al de las personas que antes opinaban  que la justicia puede obtenerse a cualquier precio. Incluso, si razonas con ellas que admitir eso sería admitir que los encargados de repartir justicia se ponen de esa forma a la altura del criminal porque estarían infringiendo la ley, aceptarían que se le torturara. No creo que sean muchos, pero más que en la premisa inicial seguro que sí.

Bajemos un poco más: un juez, para obtener pruebas de culpabilidad de unos acusados, infringe la ley. No con actos violentos ni nada semejante, sino simplemente ordenando actos o trámites administrativos que la ley prohíbe expresamente. Esto, ¿estaría justificado?  Aquí el porcentaje de personas que aceptarían la situación es, posiblemente, mayor que en los dos casos anteriores.

Lleguemos a la tierra, incluso al lodo: pongamos que el juez se llama Baltasar Garzón. Aquí ya no es opinión, es certeza. Este juez tiene, por su forma de actuar, multitud de amigos y lógicamente, multitud de enemigos y todos se toman la sentencia que lo condena como una batalla en la que se olvidan de cual fue el hecho en sí mismo: el pavo se ha saltado la ley con toda la jeta de que dispone, que es amplia y generosa. Estoy seguro que la mayoría que aceptaba la primera frase: “la justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia” ya no es tan amplia ahora. Garzón infringió clarísimamente la ley, pues ordenó escuchar y grabar las comunicaciones entre unos abogados y sus defendidos en el centro penitenciario, hecho que está expresamente prohibido por la ley (excepto en casos de terrorismo). Ha sido condenado por UNANIMIDAD, pero este hecho evidente está enturbiado por todos los intereses colaterales.

Un juez al que siempre le importó más la pompa y el boato que la eficacia en sus acciones (no hay más que ver el fracaso de muchas actuaciones que él puso en marcha como juez instructor), lógicamente siempre procuró adjudicarse casos con amplia repercusión, incluso traicionando a personas que lo tenían por amigo y, en esos casos, buscó el apoyo mediático de muchas organizaciones cuyos legítimos intereses coincidían en parte con los del juez, intereses que en el momento de tornarse opuestos convirtieron a amigos en enemigos y viceversa. Pasó con organizaciones contra la droga, de la memoria histórica, un partido político, el otro partido político, de víctimas del terrorismo… Ahora mismo algunas de estas organizaciones confunden la legitimidad de sus derechos o reclamaciones con el hecho de que aquel que los defiende debe ajustarse a la ley igual que todo el mundo, porque sino, si se salta la ley el propio juez, ¿qué le queda al Estado de Derecho?

Y el problema es que su forma de actuar no es un caso aislado. Hay jueces repartidos por España que utilizan el mismo modus operandi, mediante actos arbitrarios que solo en regímenes autoritarios están aceptados, lejos de cualquier interpretación coherente y conforme les interesa para tirar adelante en un caso. Garzón, no podía ser de otra forma, fue el primero en caer, espero que los demás vayan preparándose.